Proposta de mesures electorals d'UPyD
1. Defensa del libre mercado. El Estado ha de participar para corregir sus fallos y ayudar a la redistribución de la renta. Es complementario y no sustituto de la iniciativa privada.
2. Vinculación de las decisiones de carácter económico a la sostenibilidad económica del modelo a largo plazo, superando el cortoplacismo imperante en gobiernos y empresas.
3. Recuperación del papel del gobierno central frente a los autonómicos, aumentando así el margen de maniobra de aquél y el control sobre éstos. Destaco por su certeza: “con la actual organización territorial, es prácticamente inviable el desarrollo de una política para impulsar la salida de la crisis, pues el estado no dispone de los recursos suficientes y se ve impelido a malgastarlos en dar satisfacción a los intereses espurios de los gobiernos regionales” (punto 150, página 60).
4. Reforma financiera. Recogida en los apartados 152 a 156 recoge las tendencias internacionales sobre la materia. Evitación de riesgo sistémico, protección de la clientela, estandarización de productos, mejora de ratios de capital y liquidez de la banca, prohibición de los off balance y de la excesiva concentración de riesgos por parte de la misma, supervisión supranacional.
5. Reforma urgente del marco regulador de las Cajas de Ahorro que reduzca la participación de las AA.PP. en sus órganos de gestión. Mantenimiento de su carácter social.
6. Coordinación a nivel nacional de la política fiscal. Establecimiento de techo de déficit en el 3% de Maastricht. Preferencia siempre de la reducción del gasto corriente, especialmente en el ámbito regional y local, frente a las subidas de impuestos. Persecución del criterio de eficiencia en la programación de las inversiones públicas “de manera que incidan positivamente sobre la productividad del sector privado de la economía” (punto 162, página 64). Mejora de las prestaciones sociales, especialmente de las no contributivas, y de la calidad de los servicios públicos.
7. Simplificación tributaria. Eliminación de la dualidad progresividad (trabajo)/proporcionalidad (capital) del IRPF. Búsqueda de la equidad como objetivo prioritario. Revisión del marco fiscal de los autónomos. Lucha contra el fraude fiscal con dotación adecuada de medios. Financiación privada de partidos y sindicatos.
8. Preeminencia de los principios de simplicidad, multilateralidad, solidaridad, suficiencia, corresponsabilidad y transparencia en la financiación autonómica con una sola meta: la igualdad entre los ciudadanos de todas las regiones del estado. Refuerzo de la recaudación central frente a la de las comunidades. Rechazo a cesiones tributarias de más del 50% de un determinado tributo. Equiparación fiscal de los distintos territorios con objeto de salvaguardar la unidad de mercado.
9. Reforma de la financiación local. Mayor participación de los Ayuntamientos en los tributos del estado y de las CC.AA.
10. Simplificación contractual en el mercado de trabajo. Unificación de sistema salarial y coste de despido, que deberá abaratarse. Mejora de las políticas activas de empleo a través de la formación y los incentivos, como reducción de las cuotas a la Seguridad Social por las nuevas contrataciones. Modificación del marco normativo de la negociación colectiva para adecuarlo a la realidad individual de las empresas. Mayor flexibilidad. Fomento de la conciliación.
11. Alargamiento voluntario de la vida laboral, mejora de los incentivos fiscales para la constitución voluntaria de fondos de pensiones privados, penalización fiscal a las prejubilaciones y eliminación de privilegios de determinados colectivos, como los parlamentarios, son los ejes de su reforma del sistema de pensiones.
12. Cambio de modelo energético alrededor de cuatro ejes: menor dependencia, mejora de eficiencia, rebaja de costes y limitación del impacto medioambiental. Hacer del mismo elemento dinamizador de la economía (empleo, I+D). Sí a la energía nuclear. Reducción de costes operativos en la producción renovable y eliminación progresiva de las subvenciones al sector. Fomento del ahorro. Aumento de la competencia a través de la simplificación tarifaria.
13. Restauración de la unidad del mercado interior mediante la eliminación de las barreras a la libre circulación e instalación de empresas y ciudadanos, especialmente lingüísticas. Unificación estatal del régimen de concursos públicos. Armonización normativa.
14. Liberalización de la economía. Aumento de la competencia. Control de las prácticas oligopolísticas. Simplificación del régimen administrativo para la creación de empresas.
15. Transformación del sistema nacional de innovación vinculando investigación con empresa. Participación de la financiación pública en proyectos y establecimiento de incentivos fiscales a la i+D+I. Estímulos para el retorno a España del talento profesional español que desarrolla su actividad en el extranjero.
16. Dinamización del mercado de alquiler con especial énfasis en la protección jurídica del arrendador.
2. Vinculación de las decisiones de carácter económico a la sostenibilidad económica del modelo a largo plazo, superando el cortoplacismo imperante en gobiernos y empresas.
3. Recuperación del papel del gobierno central frente a los autonómicos, aumentando así el margen de maniobra de aquél y el control sobre éstos. Destaco por su certeza: “con la actual organización territorial, es prácticamente inviable el desarrollo de una política para impulsar la salida de la crisis, pues el estado no dispone de los recursos suficientes y se ve impelido a malgastarlos en dar satisfacción a los intereses espurios de los gobiernos regionales” (punto 150, página 60).
4. Reforma financiera. Recogida en los apartados 152 a 156 recoge las tendencias internacionales sobre la materia. Evitación de riesgo sistémico, protección de la clientela, estandarización de productos, mejora de ratios de capital y liquidez de la banca, prohibición de los off balance y de la excesiva concentración de riesgos por parte de la misma, supervisión supranacional.
5. Reforma urgente del marco regulador de las Cajas de Ahorro que reduzca la participación de las AA.PP. en sus órganos de gestión. Mantenimiento de su carácter social.
6. Coordinación a nivel nacional de la política fiscal. Establecimiento de techo de déficit en el 3% de Maastricht. Preferencia siempre de la reducción del gasto corriente, especialmente en el ámbito regional y local, frente a las subidas de impuestos. Persecución del criterio de eficiencia en la programación de las inversiones públicas “de manera que incidan positivamente sobre la productividad del sector privado de la economía” (punto 162, página 64). Mejora de las prestaciones sociales, especialmente de las no contributivas, y de la calidad de los servicios públicos.
7. Simplificación tributaria. Eliminación de la dualidad progresividad (trabajo)/proporcionalidad (capital) del IRPF. Búsqueda de la equidad como objetivo prioritario. Revisión del marco fiscal de los autónomos. Lucha contra el fraude fiscal con dotación adecuada de medios. Financiación privada de partidos y sindicatos.
8. Preeminencia de los principios de simplicidad, multilateralidad, solidaridad, suficiencia, corresponsabilidad y transparencia en la financiación autonómica con una sola meta: la igualdad entre los ciudadanos de todas las regiones del estado. Refuerzo de la recaudación central frente a la de las comunidades. Rechazo a cesiones tributarias de más del 50% de un determinado tributo. Equiparación fiscal de los distintos territorios con objeto de salvaguardar la unidad de mercado.
9. Reforma de la financiación local. Mayor participación de los Ayuntamientos en los tributos del estado y de las CC.AA.
10. Simplificación contractual en el mercado de trabajo. Unificación de sistema salarial y coste de despido, que deberá abaratarse. Mejora de las políticas activas de empleo a través de la formación y los incentivos, como reducción de las cuotas a la Seguridad Social por las nuevas contrataciones. Modificación del marco normativo de la negociación colectiva para adecuarlo a la realidad individual de las empresas. Mayor flexibilidad. Fomento de la conciliación.
11. Alargamiento voluntario de la vida laboral, mejora de los incentivos fiscales para la constitución voluntaria de fondos de pensiones privados, penalización fiscal a las prejubilaciones y eliminación de privilegios de determinados colectivos, como los parlamentarios, son los ejes de su reforma del sistema de pensiones.
12. Cambio de modelo energético alrededor de cuatro ejes: menor dependencia, mejora de eficiencia, rebaja de costes y limitación del impacto medioambiental. Hacer del mismo elemento dinamizador de la economía (empleo, I+D). Sí a la energía nuclear. Reducción de costes operativos en la producción renovable y eliminación progresiva de las subvenciones al sector. Fomento del ahorro. Aumento de la competencia a través de la simplificación tarifaria.
13. Restauración de la unidad del mercado interior mediante la eliminación de las barreras a la libre circulación e instalación de empresas y ciudadanos, especialmente lingüísticas. Unificación estatal del régimen de concursos públicos. Armonización normativa.
14. Liberalización de la economía. Aumento de la competencia. Control de las prácticas oligopolísticas. Simplificación del régimen administrativo para la creación de empresas.
15. Transformación del sistema nacional de innovación vinculando investigación con empresa. Participación de la financiación pública en proyectos y establecimiento de incentivos fiscales a la i+D+I. Estímulos para el retorno a España del talento profesional español que desarrolla su actividad en el extranjero.
16. Dinamización del mercado de alquiler con especial énfasis en la protección jurídica del arrendador.
